Tal y como publica hoy 14/03/2016 el diario InfoLibre, el pasado 17 de febrero la Asociación "Memoria 301" interpuso denuncia penal en el juzgado decano de Madrid contra el actual rector y la gerente de la UPM por los delitos de prevaricación, administración desleal y malversación de fondos públicos, presuntamente cometidos a lo largo del tortuoso despido de 301 compañeros del PAS de nuestra universidad.

La Asociación "Memoria 301" considera que los denunciados pudieron cometer los delitos de malversación de fondos públicos y administración desleal al no haber cumplido en todos sus términos la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a la UPM a readmitir a 156 trabajadores laborales interinos. Dichos trabajadores nunca fueron devueltos a sus puestos de forma efectiva y sin embargo la UPM pagó sus salarios sin que dichos trabajadores pudieran realizar su trabajo. Además, la UPM contrató al despacho de abogados Sagardoy para que les asesorara en la aplicación de la sentencia, a pesar de que la UPM cuenta con un departamento de asesoría jurídica propio. A través de dichos abogados la UPM ofreció a los trabajadores que tenía que haber readmitido de acuerdo con la sentencia, indemnizaciones por despido improcedente que implicaban un mayor coste para la universidad (45 y 33 días por año trabajado) y que abonó a aquellos que lo aceptaron. Para los 66 que manifestaron su deseo de continuar trabajando en la UPM, comenzó un ERE que implicó una indemnización menor para cada trabajador (20 días por año). Todas estas actuaciones han costado a la universidad, hasta la fecha, 10,3 millones de euros, lo que ha supuesto por un lado un daño importantísimo a la arcas de la universidad y un derroche innecesario de dinero público.
 
Así mismo la Asociación "Memoria 301" considera que los denunciados pudieron cometer un posible delito continuado de prevaricación ya que durante todo el proceso actuaron no en defensa de los intereses generales, sino con una idea preconcebida de engaño, primero al no cumplir en sus términos la sentencia del TS, pero también cuando utilizaron el criterio de menor antigüedad de los afectados para decidir qué plazas serían amortizadas, excluyendo de ese listado a otros trabajadores que o bien eran de otro departamento o bien ocupaban puestos con reserva de plaza. Todo ello teniendo en cuenta que ninguno de los denunciados puede ser considerado “ignorante” en la labor de gestión debido a sus trayectorias profesionales. 
 
Por último, la Asociación "Memoria 301" también considera que los denunciados son responsables de  las contrataciones y nombramientos como becarios que, supuestamente, han tenido lugar en la Oficina de Transferencia de Tecnologías (OTT) o en fundaciones de la UPM de personas comprendidas en la lista de 301 despedidos para desempeñar la misma o similar tarea a la que desempeñaban antes del despido.
 
Por todo lo anterior, la asociación "Memoria 301" ha pedido al juez que investigue si el Sr. Conde Lázaro y la Sra. García de Elías han podido cometer dichos delitos, para lo que aporta una abultada documentación que sustenta el relato de los hechos.