Reflexiones sobre las amenazas potenciales a la seguridad jurídica en el empleo en la UPM, implícitas en el proceso de reestructuración del PAS, y sobre los medios de que debemos valernos para contrarrestarlas.

 

Podemos resumir la información de que disponemos del siguiente modo:

  • El rectorado desea establecer una relación con el personal que le permita disponer de nuestros servicios con mucha libertad. El concepto de “pool” sirve para crear dicha relación, toda vez que deja al empleado en una situación indefinida en lo que a su desempeño, plaza y funciones se refiere.
  • El rectorado pretende reforzar su control sobre el personal en detrimento de los centros, atribuyendo a los administradores todos los poderes propios de las jefaturas de personal, mantenimiento y obras, haciéndolos responsables directamente ante la gerencia, no ante las direcciones de los centros.

 

Las secretarias de departamento y la reestructuración departamental.

El número de departamentos de la universidad se ha reducido a sesenta, pero el criterio de asignación de secretarias para los mismos es tal que algunos quedarán sin cubrir. Es significativo que, en este caso particular, la lista de plazas no coincida en cantidad con la de empleados elegibles para ocuparlas. Al hilo de tal fenómeno, hace su aparición el concepto de “pool”. Por ejemplo...

En una escuela habrá, con la reestructuración, siete departamentos, pero el criterio dado por el rectorado asigna al centro cinco secretarias de departamento. La dirección del centro puede cubrir dos departamentos con dos funcionarios de puesto base... o puede formar un “pool” con las cinco secretarias, que se ocuparía colectivamente de la administración de los siete departamentos. Por supuesto, aquí aparecen unas preguntas, y en particular ¿Qué pasará con quienes tenían asignada la secretaría de un departamento que en la nueva remodelación desaparece? ¿Irán a un pool de ex secretarias de departamento? Mientras no se les asigne destino, en sus centros originales o en otra parte ¿Dónde estarán? Notemos que el “pool” puede convertirse, de usarse así, y como mínimo durante un plazo, en una suerte de bolsa de personal excedente, que expondría a la vista de la opinión pública en general, y del gobierno autonómico en particular, un exceso real o supuesto de personal, particularmente relevante si el “pool” de ex secretarias de departamento sin destino asignado es común a toda la Politécnica, pues su tamaño excederá entonces de cincuenta.

Baste este caso para justificar la necesidad de estar alerta. Que el número de departamentos  exceda al de secretarias necesarias para su administración es la señal clara de un peligro: que el “pool” sea el instrumento del que puede servirse el rectorado para colocar al personal en un estado grave de inseguridad jurídica.

 

El “pool”. Por qué representa una amenaza.

Generalizando lo expuesto a todo el PAS de la UPM, resulta claro que de usarse para ubicar al personal sin puesto asignado, es decir, si se procede al movimiento de personal antes de que estén aprobadas unas nuevas RPT, el “pool” es una amenaza, pues en el mismo acabaremos aquellos empleados que no tengamos plaza durante la recolocación, y si el número de puestos acaba siendo inferior al tamaño de la plantilla, también los que después de haberse realizado dicha recolocación, según el nuevo programa de necesidades de los centros, hayamos quedado sin puesto asignado, y eso será así por tiempo indefinido. Insisto en que el hecho de que haya menos de 60 secretarias de departamento advierte de la realidad del peligro.

Se supone que una vez definidos los puestos de trabajo en una escuela, los empleados podremos optar a quedarnos en nuestros antiguos puestos de trabajo según unos parámetros que desconocemos, si es que dichos puestos de trabajo siguen existiendo. Aquellos que no cumplamos los requisitos iremos entonces al “pool”, optando por las plazas que queden vacantes. Se supone que la Universidad se dividirá en fincas. Se decía que pequeñas, formadas por escuelas próximas entre sí, mas ya parece que esta idea ha sido abandonada, y que las fincas coincidirán casi con los campus. Es decir, que Navales y Caminos formarán parte de la misma finca... Los trabajadores podremos optar por las plazas de esas fincas. Esto nos lleva a hacernos varias preguntas: ¿Qué pasa si en nuestra finca no quedan plazas vacantes? ¿Qué pasa si en ninguna finca quedan plazas vacantes de nuestro perfil? ¿Iremos a un pool? ¿Se limitará el “pool” al centro, abarcará la finca, o se extenderá a toda la universidad? ¿Habremos de movernos de nuestras escuelas aunque no queramos? ¿Será legal este traslado forzoso? Demasiadas preguntas sin respuesta para una institución que ha eliminado el 15 % de su plantilla de PAS.

La ausencia de noticias sobre una evaluación ordenada de las necesidades de personal a nivel de centro, o de finca, que es lo que tendría que preceder a cualquier debate sobre la manera de cubrirlas, es reveladora, pues tal evaluación no es otra cosa que la elaboración de las nuevas RPT, que al realizarse desde las escuelas, facultades y centros de investigación redundaría en una pérdida de importancia del rectorado en este asunto. Lo que la Comisión para la Reestructuración del PAS ha emprendido es la forja de criterios que determinen, a partir de unos parámetros, qué cantidad de empleados es necesaria para cubrir un servicio determinado, lo que impondrá unos límites a las direcciones de centro para elaborar las nuevas RPT. Es así como se ha dado un criterio por el cual, pese a aprobarse la existencia de 60 departamentos, habrá menos de 60 secretarias de departamento, y gracias a este artificio ha podido introducirse el “pool”. ¿Qué ocurrirá con los laborales de los departamentos? Como la reestructuración departamental está lista, son los próximos en enfrentarse al peligro de deslocalización.

Que las tareas de la Comisión para la reestructuración del PAS giren en torno a los métodos que harán inevitable la movilidad del personal, antes que a la evaluación, centro por centro, de las necesidades que justifiquen tales movimientos, es muy llamativo. 

En una situación de reducción de matriculaciones en la universidad, el correcto empleo de nuestros recursos humanos, y por lo tanto la necesidad de mover a una parte de la plantilla, es clara. Los empleados del PAS tenemos que dar un soporte adecuado a la docencia y la investigación, y para eso el pueblo nos paga con sus impuestos. La reducción de fondos impide el recurso a nuevas contrataciones, y esto sería cierto incluso con un equipo rectoral que mereciese confianza. Como empleados de la UPM, debe preocuparnos la falta de adecuación del criterio de movimientos a un enfoque bien intencionado de los mismos, no los cambios que hace años se han revelado necesarios.

Las RPT de laborales y funcionarios deben preceder, al menos como proyecto, a toda discusión de métodos para el movimiento del personal, máxime considerando que, como acto jurídico, son anteriores a dichos movimientos. Si se conocen las necesidades, el concepto de “pool” pierde su sentido, bastando los tradicionales concursos para traslado o ascenso, según proceda. Para eso, basta que la lista de plazas coincida en número con la de empleados, hecha la primera de tal arte que, si se considera necesario, se declaren a extinguir las plazas que se entiendan superfluas, coincidiendo éstas en cantidad con el de jubilaciones previstas. Así es posible optimizar el empleo de nuestro personal sin utilizar artificios como el “pool”, ni crear situaciones que justifiquen procedimientos de ajuste traumáticos, como por ejemplo las amortizaciones de plazas.

El “pool” sirve bien para poder proceder a los movimientos de personal sin que las misiones que deben cubrirse estén definidas, es decir, antes de que las RPT estén listas, o bien para exhibir ante la sociedad en general, y el gobierno de la autonómico en particular, un exceso de plantilla, real o supuesto, que invite a usar métodos tales como:

  • La amortización de plazas ocupadas por interinos.
  • El ERE de laborales una vez los interinos sean eliminados.
  • El recurso a contratas que se representarían como necesarias con las consiguientes subrogaciones, debido a la real o supuesta resistencia del personal de servicios generales y mantenimiento a la “flexibilidad” en el empleo de sus servicios, entendida esa “flexibilidad” como una disponibilidad absoluta en tiempo y lugar.
  • La sustitución gradual, o brusca mediante el ERE una vez suprimidos los interinos, del personal de laboratorio por becarios y profesores contratados tras la redefinición de sus funciones, dotándolas de un carácter eminentemente docente e investigador, y no de apoyo a la docencia e investigación, que es lo que ahora está establecido.

Gracias al “pool” es posible dejar sin cubrir funciones deliberadamente, lo que justificaría el uso de los procedimientos de reducción de plantilla y externalización antes expuestos. Baste lo dicho para mostrar que la aplicación del concepto de “pool” es una amenaza terrible.

 

La absorción de toda la gestión por la gerencia a través de los administradores. Subordinación de los centros y peligros que esto encierra.

Arrebatar a los centros todo control sobre el personal, obras y mantenimiento es colocar a las direcciones de los mismos en situación de impotencia, pues siendo los recursos humanos y materiales limitados, en un escenario de probable reducción de los mismos, cualquier estrategia destinada a mejorar el funcionamiento de los centros se transforma en una quimera, quedando además a merced de unos decisores remotos, que no están sobre el terreno que motiva las decisiones, sin que nadie pueda garantizar que no se exigirán contrapartidas, en forma de respaldo político, que sirvan a la perpetuación en Ramiro de Maeztu de la actual selección. A este respecto, será interesante conocer el nuevo reglamento electoral de la UPM, que el 27 de mayo ha de votarse en Claustro, y del que no tenemos noticia alguna.

La presencia de un administrador, dotado entre otras de las funciones de jefatura de personal y responsable directamente (lo que en la práctica es, exclusivamente) ante la gerencia otorga al rectorado un instrumento muy potente a la hora de decidir la identidad, amparada en la idoneidad supuesta por algún procedimiento, de quienes ocupen determinadas plazas. Ajustar el tamaño y composición del “pool” finca por finca a gusto del rector y su equipo hace muy conveniente el control del proceso in situ, y para ello, el administrador plenipotenciario, que no responde ante la dirección de su centro sino ante gerencia, es de gran utilidad. Por supuesto, cualquier idea que conciba una dirección sobre su libertad de reasignar a su personal según sus deseos a través del “pool”, se convierte en una fantasía al tropezar con semejante figura de administrador.

¿Será menester esperar a que gerencia dé el visto bueno a la dirección de un centro para que se modifique la iluminación de un aula, por ejemplo para que pueda verse el cañón de video con las luces encendidas? ¿Hará falta una petición de la dirección al administrador, cursada por éste a la gerencia, esperando la respuesta de ésta a aquel, que informará positiva o negativamente a la dirección? Amén de exigir un cambio en los estatutos de la UPM, que consagran la responsabilidad del administrador ante la dirección de su centro ¿Es esto eficiencia?

Un detalle de gran importancia, y que no sabemos si alguien ha considerado, es la alteración que supondrá esta figura de administrador plenipotenciario en las relaciones de los centros con las empresas. La complicación de las relaciones puede afectar negativamente a la cooperación. Aquí hay muchos motivos para pensar las cosas con detenimiento.

 

Lo que debemos hacer.

Defínanse las necesidades de personal por departamentos y centros. Eventualmente, considérese la posibilidad de mancomunar el empleo de personal por varios centros próximos, según la idea de finca, tras las consultas de las direcciones de los centros involucrados con su personal de mantenimiento y jardinería, que es donde procede aplicar esta medida. Motívese, no con estipendios, sino con estímulos morales, al personal para dar lo mejor de si mismo en el empeño de mejorar, o al menos evitar el empeoramiento, de la calidad de la administración y del funcionamiento del soporte a la docencia e investigación. Déjese a los centros el criterio de que obras y trabajos de mantenimiento son necesarios en los mismos, fiscalizando la gerencia el gasto, como no, y por lo tanto, consérvese la delegación del rectorado en los centros en materia de jefatura de personal... Y sobre esas bases, trabajemos en la adecuación del número de efectivos y la preparación de nuestra gente a las necesidades que tengamos, moviéndonos según sea menester, no a capricho de quienes no tienen definido siquiera el criterio de dichos movimientos. Y de esa manera, si fuese preciso reducir la plantilla, podrá hacerse de modo  indoloro, sin despidos ni amortizaciones de plazas, sin las ominosas sombras del ERE y la subrogación sobre las cabezas de los laborales.

El camino que, por el contrario, se ha emprendido, nos debe poner necesariamente en guardia. El precedente creado por las decisiones del Consejo de gobierno del 9 de marzo de 2013 nos obliga a ser desconfiados y cautelosos. Pongamos en marcha una campaña destinada a la participación activa de una representación del PAS en la Comisión para nuestra reestructuración, que garantice, como mínimo, la publicidad de sus deliberaciones. La campaña  debe defender un esquema de movilidad que, basándose en los proyectos de RPT, se sirva de procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, oponiéndonos a las ideas de “pool” y de responsabilidad exclusiva ante gerencia de unos administradores dotados de enormes competencias. Tales deben ser los ejes de una estrategia del personal de la UPM aquí y ahora.

El rectorado asegura haber ofrecido a los sindicatos la participación en la Comisión, y por lo que sabemos, las condiciones garantizaban a la gerencia el dominio completo sobre las conclusiones de la misma, razón que éstos alegaron para rechazar su presencia. De haber ocurrido así las cosas, los sindicatos cometieron un error monumental. De haber ocurrido así las cosas, debieron aceptar la participación independientemente de sus condiciones, protestando contra las mismas e incluso adoptando cuantas medidas, de cualquier tipo, estimasen oportunas para modificar los procedimientos, objetivos y balance de fuerzas... Pero debieron y deben estar ahí, en buenas o en malas condiciones. 

Si ahora estuviesen los sindicatos en la Comisión para la Reestructuración del Personal,  en el peor de los casos, nuestra indefensión sería la misma que ahora, pero al menos contaríamos con una fuente de información obligada a ser veraz por su posición y por la competencia entre organizaciones. Deben los sindicatos enmendar tal fallo inmediatamente, y es la plantilla quien ha de exigirlo. Los sindicatos no deben oponerse a ese deseo, si se manifiesta, bajo ningún subterfugio.

Saludos a todos...

Pedro García.