Comunicado #MareaRoja de Ciencia - #CienciaEnLucha en “La Noche de los Investigadores”

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Un grupo de compañeros han recabado asesoramiento legal en relación con la sentencia del TS contraria al ERE de la UPM. Las consultas se plantearon en dos bloques o grupos. Uno relativo a las posibilidades de pleitear por la readmisión de los funcionarios interinos amortizados; y otro dedicado a las posibilidades jurídicas en caso de que el rectorado pretenda descontar en nómina, solo al PAS laboral, los costes de la readmisión de los laborales interinos, y de otra parte, las posibilidades de actuar por vía penal (prevaricación) y lo que haya que tener en cuenta en caso de ERE, según su extensión y naturaleza. En lo que sigue se expone las conclusiones de tales consultas

1. En relación con la readmisión de los funcionarios interinos amortizados:

La UPM ha hecho caso omiso de sus obligaciones no sacando a concurso la totalidad de las plazas vacantes. Eso vulnera la constitución, artículos 23 y 103, la UPM. Ocurre que no hay previstas sanciones en caso de incumplimiento de la obligatoriedad de sacar a concurso las plazas vacantes, de ahí que se ignore tan sistemáticamente esa obligación, pero de todos modos existe y, por consiguiente, es procedente solicitar la nulidad total por vulnerar estos actos los principios constitucionales mencionados.

Todos aquéllos interesados en seguir esta vía, ponerse en contacto con la Coordinadora

2. En cuanto a la amenaza de cargar sobre el PAS laboral el coste de la readmisión de nuestros compañeros:

Como prueba de esto basta ver el correo electrónico del propio Rector informando de que los costes de readmisión son algo que afecta solo al PAS laboral. La UPM puede acogerse al artículo 41 del estatuto de los Trabajadores, con lo que la gerente tendría que negociar con los sindicatos las condiciones para una minoración salarial. Además, es el empresario el que tiene la obligación de asumir dicho coste, máxime cuando el despido es declarado nulo. Las partidas de donde obtenga las cantidades correspondientes no es algo que realmente sea de la incumbencia de los interinos readmitidos.

Si, a consecuencia de la readmisión y del pago de los salarios de tramitación, la situación económica de la UPM se hiciese tan precaria, es cierto que se podría recurrir al despido colectivo por causas económicas. No obstante, la UPM tendría que justificar la concurrencia de dichas causas, así como probar la necesidad de que se proceda al despido colectivo (ampliado).

A pesar de todo, la actitud del Rector podría entrañar abuso de derecho y fraude de ley en tanto que se acogería a la posibilidad que la ley le otorga para despedir con la finalidad de intentar eludir sus obligaciones (pagar los costes de readmisión) derivadas precisamente de la irregularidad del despido provocada por él mismo (falta de tramitación de ERE). O lo que es lo mismo, procura evitar su responsabilidad legal acogiéndose a la propia ley (arts. 6.4 y 7.2 del CC). Piénsese en el supuesto de que el empresario pudiera haber incurrido intencionadamente en ilegalidad del despido nulo por defectos formales, de tal manera que ello conllevase la readmisión y costes asociados a la misma, obteniendo con ello la "excusa" para poder despedir todavía a más trabajadores.

Por otro lado, la actitud del Rector podría incurrir asimismo en prevaricación por obligar a disfrutar de vacaciones a los trabajadores ante la previsión de extinguirse inminentemente la relación laboral y con la intención de evitar el abono de vacaciones devengadas y no disfrutadas, siendo así que la legislación laboral establece que éstas han de disfrutarse de manera consensuada entre empresario y trabajador. Todo esto puede apoyarse probatoriamente con la existencia de la sentencia a la que no se ha dado cumplimiento, declaraciones de los afectados acerca de las respuestas recibidas en la Administración de la UPM, grabaciones telefónicas en las que dan largas, testigos en reuniones, etc.

Tras una reunión posterior ampliamos la información con lo siguiente:

 1) Es importante saber si se ha instado judicialmente la ejecución del fallo en el asunto de los laborales amortizados. De no haberse hecho así, es un error GRAVÍSIMO porque puede hacer perder al personal laboral MUCHO DINERO y el 1 de octubre, como te he comentado, será demasiado tarde para poder utilizar el arma legal, quedando los trabajadores totalmente despojados de la posibilidad de hacer efectivos sus derechos reconocidos por la Autoridad Judicial. 

2) Los honorarios para ejercitar acciones penales dependerían de contra cuántos sujetos quisierais  dirigiros. En principio veo plausible la imputación y condena por (i) delitos de desobediencia del 410 del CP (por incumplir abierta e intencionadamente una resolución judicial firme, dirigir instrucciones obstructivas, y todo lo que pudiéramos obtener en relación con esto y que pueda comprometerles) y (ii) prevaricación (por obligar a disfrutar de vacaciones a los trabajadores ante la previsión de extinguirse inminentemente la relación laboral y con la intención de evitar el abono de vacaciones devengadas y no disfrutadas, siendo así que la legislación laboral establece que éstas han de disfrutarse de manera consensuada entre empresario y trabajador). Todo esto puede apoyarse probatoriamente con la existencia de la sentencia a la que no se ha dado cumplimiento, declaraciones de los afectados acerca de las respuestas recibidas en la Administración de la UPM, grabaciones telefónicas en las que dan largas, testigos en reuniones, etc.

Por cada sujeto contra el que desearais ir, el coste se desglosaría en los siguientes conceptos:

a) Honorarios del letrado: 1.000 euros más otros 1.000 en caso de que se obtenga sentencia condenatoria en la instancia.

b) Honorarios del procurador: entre 70 y 100 euros

c) Costas: No tendréis que abonar las costas de la otra parte salvo que el Juez aprecie temeridad o mala fe (es raro que así lo estime, por lo que lo suyo sería contar con los gastos que soportarais exclusiva vosotros). Recordad que en la jurisdicción penal no hay que pagar tasas judiciales.

ULTIMA HORA

Nos han llegado rumores bastante sólidos de que los centros tienen órdenes de decir, el día 1 de octubre, a los laborales interinos amortizados y readmitidos, que no se reintegren a sus antiguos puestos de trabajo y que para cualquier explicación que vayan al rectorado.

Por ello alertamos a todos los laborales readmitidos por la sentencia de que deben solicitar la ejecución de esa sentencia del tribunal supremo antes de que acabe el mes.

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la adjudicación del servicio de asistencia a la Universidad Politécnica de Madrid en asuntos laboralistas, para el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de fecha 24 de junio de 2014

Esperpento de Presentación PP (Power Point), por Carmen García de Elías (Gerente de la UPM).

La joya está publicada por la Universidad Pontificia de Comillas y data de Mayo de 2014, pocos días antes de la sentencia que ha obligado a la Universidad a la readmisión de 156 PAS despedidos ilegalmente. Por tanto, el fiasco de esta hoja de ruta es comparable al de los dos satélites del sistema Galileo (GPS europeo) que fueron colocados en una órbita incorrecta. Vamos, para entendernos, que siguen en el espacio pero que no sirven para nada. O al menos mientras no se gaste otra millonada en enderezarlos. Pero será por dinero €€€€€

En fin, pulsar sobre la imagen para descargar el documento. Juzguen por ustedes mismos...

 

Empieza el curso y la UPM lo inicia con fuerza. Un par de noticias demuestran que nuestra Universidad regresa con renovadas fuerzas

  1. Descontrol en la Fundación UPM

  2. La UPM de nuevo en los juzgados por un curso de Informática

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